GEDIM

Coordinación general :

André-Jean Arnaud
Doctor en Derecho
Director de Investigación del C.N.R.S.
Centro de Teoría del Derecho, Universidad de París X
Director de la Red Europea "Derecho y Sociedad"
Maison des Sciences de l'Homme, París
Director del GEDIM, Río de Janeiro

Secretariado General :

Prof. Dr. Eliane Botelho Junqueira
GEDIM
Instituto Direito e Sociedade
Rua Santa Luzia 776 sala 804
RIO DE JANEIRO - RJ -
CEP 20030-040, Brasil
Tel. +55 - 21/ 2532-5215
gedim@alternex.com.br, ides@alternex.com.br

Este proyecto global (que cuenta con componentes de investigación, formación, documentación y publicaciones) forma parte del tema "gestión local y regional de las transformaciones económicas y tecnológicas" del Programa MOST.

Los decisores de los sectores privado y público y la gestión jurídica de las transformaciones producidas por el proceso de mundialización en Mercosur

El proyecto se interesa primordialmente por el ámbito jurídico, que aún no ha sido objeto de suficiente atención por parte de los investigadores, siendo el derecho, sin embargo, una de las disciplinas más relevantes de las ciencias sociales. Ha de reconocerse que, si bien en los países positivistas el derecho veló tradicionalmente por la regulación de conflictos en la mayoría de los casos, hoy en día no podemos afirmar que únicamente se recurra a él. Existen, en efecto, muchas fuentes de regulación sin base en normas jurídicas rigurosas. No obstante, el derecho ocupa un lugar fundamental en la institucionalización de las vías "suaves" de regulación de la sociedad, proceso que frecuentemente se denomina también "buen gobierno". Lo cierto es que la acepción jurídica de este término, de conocido origen (buen gobierno corporativo, Banco Mundial y ajustes estructurales) resulta ambigua y se presta a amplias formas de manipulación.

Sin embargo, la noción de "buen gobierno" tiene el mérito de presentar novedosamente determinados problemas cuando el modo de pensar de antaño deja de ser pertinente, particularmente en lo que se refiere a la regulación del espacio público, campo en el que el derecho ocupa un lugar privilegiado, aunque no exclusivo. Hoy en día se habla corrientemente en términos de programación, de planificación, de políticas que, evitando el exceso de centralización estatal, destacan el enfoque de "abajo hacia arriba", vinculando los procesos de toma de decisión a la participación de agentes no estatales. ¿A qué aspectos del "buen gobierno" aludimos en relación con los temas específicos que aborda este proyecto?

Partiendo de la base conceptual de un léxico mínimo de términos jurídicos relacionados con la mundialización, la investigación tiene por objeto examinar en qué medida se debe remplazar la regulación vinculada a determinados derechos estatales de ciertas organizaciones del sector privado (derecho mercantil y derecho empresarial) e instituciones del sector público (policía, justicia), ya sea por una buena gestión (¿de qué tipo?), o al menos perfeccionando el proceso de buen gobierno (¿cuál?), a fín de lograr cierto grado de armonización con la inevitable marcha hacia la regionalización y la mundialización de los intercambios. A este respecto, resulta indispensable perfeccionar el lenguaje que se emplea en el ámbito jurídico y en las políticas públicas como consecuencia del impacto de la mundialización. Y consideramos que los análisis contrapuestos (sector público/privado) de estos temas permiten abrir nuevas posibilidades de desmantelar las fortalezas insulares del proceso de toma de decisión.

Partimos de la constatación de que los administradores son habitualmente partidarios de no someterse a los mismos límites contextuales que los empresarios y viceversa. No les afectan de la misma forma las transformaciones que la mundialización ha ocasionado en los intercambios comerciales o la evolución implacable hacia la constitución de espacios geopolíticos en grupos regionales. Ahora bien, los estudios que se han llevado a cabo fuera de la región de MERCOSUR demuestran que el proceso de mundialización: 1º) tiende a desdibujar la distinción entre lo privado y lo público; 2º) tiende a imponer en ambos sectores la lógica empresarial; 3º) transforma radicalmente las estrategias de toma de decisión.

La originalidad de la investigación reside en: (a) vincular a investigadores, empresarios del sector privado y administradores en torno a una reflexión común cuyos resultados se traduzcan en la introducción de reformas en terrenos determinados; (b) estudiar conjuntamente la incidencia de la mundialización en intercambios diversos entre países, a la luz de las tres constataciones arriba mencionadas en una región particularmente golpeada por la mundialización, como es el caso de la región de MERCOSUR; (3) abordar los nuevos problemas que plantea el impacto de la mundialización en la vida cotidiana, sobre todo en lo que atañe a las estructuras jurídicas organizativas e institucionales tradicionales, que ya no son aptas en el marco de la economía contemporánea y a los procesos de decisión normativos, cuya transformación se encuentra todavía en fase de estudio.

En otros términos, nuestra intención es ofrecer a los decisores, tanto del sector público como del sector privado, información basada en estudios científicos que les sea útil para llevar a cabo restructuraciones jurídicas en organizaciones (empresas, administraciones …) e instituciones (comenzando por las judiciales y policiales), les ayude a superar la sensación de incertidumbre y de ausencia de gobierno y a dominar lo mejor posible el proceso de toma de decisiones normativas y a saber en qué casos deben recurrir a establecer nuevas normas y en qué casos deben contar con otros modelos (buen gobierno) de regulación social y económica, con el mejor conocimiento posible de las consecuencias de su opción.

Es esta una línea de investigación que todavía está por llevar a cabo en el continente latinoamericano.

El proyecto es resultado de varios años de esfuerzos destinados a atraer el interés de investigadores, empresarios y administradores por esta problemática y a intentar asociarlos en torno a actividades comunes (investigación, formación, documentación, publicaciones, reuniones). Desde 1997, el GEDIM (Programa Interdisciplinario Globalização Econômica e Direitos no Mercosul), con sede en Río de Janeiro, ha organizado varios seminarios en Río acerca de dicha problemática y fue invitado también a organizar mesas redondas en Europa (Nantes, Coloquio Universidad/Ciudad, mayo del 2000; Barcelona, Seminario RED & S, junio del 2000; París, Carré des Sciences, Semana Francia-Brasil, octubre del 2000). Las diferentes reuniones permitieron al equipo que ahora constituye el núcleo del proyecto elaborar progresivamente su composición, así como constituir el GEDIM como grupo de investigadores y poner en marcha la investigación propiamente dicha.

En la actualidad, integran la red numerosos Estados de la Confederación de Brasil, así como Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la República Oriental de Uruguay y de la Universidad Diego Portales de Santiago (Chile).

Para lograr los objetivos que se exponen más arriba, se precisó un mecanismo metodológico triangular: análisis cuantitativo, análisis cualitativo y análisis documental, mediante las etapas siguientes: 1ª análisis documental sistemático de la labor de estudio e investigación reciente; 2ª análisis secundario de estadísticas disponibles; 3ª encuesta por cuestionario sobre un muestrario que permita captar, en toda su diversidad, la índole de los problemas a abordar y evaluar la percepción del funcionamiento actual de las organizaciones de las que se trate y las perspectivas de futuro; 4ª encuestas cualitativas a realizar mediante entrevistas de caracter general que permitan observar las prácticas de gestión y de control y las estrategias de los agentes implicados.

Gracias a la formación de pequeños equipos flexibles de investigadores, bajo la coordinación de un investigador de alto nivel, especialista en el campo estudiado, se logró una buena ejecución del proyecto; asimismo, el conjunto de equipos estuvo coordinado por un núcleo de investigadores experimentados, encargados de velar por la unidad del trabajo y los intercambios entre grupos de investigadores. Se está completando la primera etapa de la investigación y en el proyecto que se presenta separadamente pueden consultarse los pormenores de las hipótesis de los distintos ejes.

Repercusiones de la mundialización en los intercambios relativos al derecho empresarial, al derecho mercantil y a la institución policial y judicial

Dado que el tema de investigación examina las repercusiones directas de la mundialización en la regulación jurídica de las empresas, es indispensable proceder a una armonización mínima de normas en la que se dé cabida a todos los países, teniendo presente, no obstante, la necesidad de adaptarse a las peculiaridades de cada sector de actividad.

Hasta la fecha, cuando las empresas consideraron que era conveniente introducir cambios, entablaron relación directa con los decisores nacionales. Pero las reglas jurídicas en las que se encuadran las actividades empresariales adquirieren ahora características nuevas: se imponen menos normas generales y obligatorias unilateralmente, pero hay más reglas particulares, manifiestamente negociadas, y a veces de caracter supletivo. Se plantean, por lo tanto, cuestiones de envergadura que a veces no tienen respuesta sistemática, como por ejemplo: (1) tensiones entre intereses privados de las empresasas e intereses colectivos; (2) control de las actividades empresariales en un marco que ha dejado de ser nacional para convertirse en mundial; (3) paradoja entre armonización normativa mundial y disparidad económica regional. Resultan insuficientes las propuestas que se formularon en el seno de varios organismos internacionales, en especial en la OCDE, la CNUDMI (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) y el Banco Mundial. Este eje de investigación tiene por objetivo encontrar nuevas soluciones.

La institución politicial ha adoptado como método de trabajo la lógica empresarial cuando debe hacer frente a casos de criminalidad transnacional. Conviene, pues, delimitar hasta qué punto el proceso de mundialización puede ser responsable de las nuevas formas de expansión del crimen organizado. En los países de América Latina, el proceso de mundialización económica parece ser un factor determinante a este respecto. Paradójicamente, sin embargo, puede que el impacto de la mundialización en las políticas sociales haya sido el detonante de un proceso susceptible de provocar la puesta en marcha de nuevos tipos de control que podrían resultar eficaces (concretamente, lo que los anglosajones denominan "deterrance", es decir, medidas disuasorias).

Los decisores están haciendo frente a una serie de retos políticos y prácticos que constituyen "situaciones problemáticas", como por ejemplo la coordinación de los esfuerzos internacionales de lucha contra el narcotráfico entre países soberanos, teniendo en cuenta que la elaboración de una estrategia y la disponibilidad de medios materiales y de información se concentran en un país hegemónico (Estados Unidos de América), o la restructuración de las instituciones de control penal, que demuestran gran resistencia corporativa y persisten en la intervención local, como ocurre en el Cono Sur.

En el plano de la justicia, considerada en un reciente informe del Banco Mundial como uno de los indicadores importantes del estado de desarrollo económico y político de un país determinado, parece confirmarse la necesidad de efectuar varios ajustes, aunque proponer que se lleve a cabo una restructuración completa en este ámbito no sería realista. Analizar las políticas que permitirían estructurar una institución judicial capac de responder a las nuevas necesidades que impone la mundialización, ya indicadas más arriba, es un requisito indispensable a este respecto. Es lo que intentará el proyecto.

Al tratar el tema "las autoridades administrativas de regulación y el ejercicio de los derechos del ciudadano", se confrontarán los puntos de vista de investigadores en sociología política, economía y derecho para evaluar las políticas públicas en base a las cuales se llevó a cabo la restructuración de la regulación de los servicios públicos en Brasil. Los cambios que se introdujeron en los modelos de propiedad empresarial (privatización, predominancia de las multinacionales) y en las leyes e instituciones de regulación (creación de AAI sectoriales) han llevado a redefinir las concepciones y modalidades del ejercicio de los derechos del ciudadano (sobre todo el acceso de todo el mundo a los servicios públicos de calidad). Las relaciones de mercado parecen primar sobre los derechos del consumidor y las medidas antimonopolios. La preeminencia de las multinacionales plantea al menos dos cuestiones: 1) estrategias de las empresas y comportamiento de AAI: el peso que representan estas empresas desde el punto de vista tecnológico y de gestión puede ser perjudicial para mantener la coherencia y calidad de los servicios prestados; 2) si tenemos en cuenta el poderío de las multinacionales y sus intereses mundiales, es de temer que los países menos desarrollados salgan menos beneficiados de la mundialización que los países ricos y que las multinacionales ejerzan presiones para no efectuar determinados pagos o inversiones en las condiciones en que deberían (el caso de la energía eléctrica ilustra muy bien este problema).

Las AAI son un nuevo modelo de institución, cuya creación lleva consigo un cuestionamiento del Estado. Cabe señalar que la experiencia anterior de regulación de las empresas privadas por parte de órganos públicos sectoriales (vinculados a los ministerios) y transectoriales (como el CIP - Consejo Interministerial de Precios, y la SUNAB - Superintendencia Nacional de Abastecimiento) no contó con la participación de dichas AAI y fue objeto de críticas por parte de todas las corrientes de opinión (tanto liberales como intervencionistas). Nos encontramos, pues, ante el desafío de saber si las AAI podrán demostrar sus capacidades y serán políticamente adecuadas en la actual coyuntura de mundialización y frente a las expectativas sociales de democratización y desarrollo.

Se trata, por lo tanto, de evaluar a largo plazo el comportamiento de las empresas, de los órganos de regulación y de las entidades de la sociedad civil en lo que se refiere al ejecicio de los derechos del ciudadano. De esa evaluación tendrían que derivar, en concertación con las partes interesadas, propuestas de reorientación de las políticas de regulación que aumenten el nivel de protección de los derechos del ciudadano en el acceso a servicios públicos de calidad.

Una vez finalizadas las diferentes partes de que se compone el Programa (investigación, seminarios, coloquios) intentaremos presentar elementos susceptibles de favorecer la formulación de políticas con base en información práctica específica y, más concretamente, ofrecer asesoramiento respecto a políticas de desarrollo socialmente viables y posiblemente formular recomendaciones en términos de políticas, de estrategias de acción o propuestas de cambios en las disposiciones legales y reglamentarias.

Así pues, tenemos intención de trabajar conjuntamente con empresarios y administradores y de proceder a una amplia difusión de la información recabada y de los resultados obtenidos. Ello se llevará a cabo mediante la organización de foros, reuniones y actividades de formación y preparación de publicaciones; en todas estas formas de difusión se utilizarán tanto los apoyos reales como virtuales.

Contamos obtener los siguientes resultados: 1) identificación de las diferentes disposiciones legislativas nacionales e internacionales que entran en juego en la instalación de una empresa y, por consiguiente, propuestas para introducir nuevos modelos; 2) comprensión en el terreno de las expectativas de los empresarios a nivel nacional, regional y mundial con respecto a las estructuras jurídicas de las empresas deseables, de los trabajadores en lo que se refiere a los diferentes modelos que cabría introducir, de los agentes privilegiados de las instituciones de control en las estructuras jurídicas deseables; 3) cálculo del peso real de la acción de las ONGs en las iniciativas de solidaridad para saber si es viable incluirlas, de qué modo y en qué medida, en las políticas públicas, en cuáles y de qué forma; 4) modificación del mapa judicial; 5) formulación de recomendaciones para llevar a cabo cambios estructurales en las instituciones de control del crimen transnacional; 6) lanzamiento de cursos de formación adecuados que permitan a los jóvenes introducirse en el mercado del empleo con un buen conocimiento de estos temas; 7) constitución de acervos documentales utilizando los últimos logros de las nuevas tecnologías.